La crisis argentina de principios de siglo motivó un giro en las políticas de asistencia social, las que se volvieron masivas y redefinieron el rol de las organizaciones comunitarias, que cobijaron entonces a los movimientos sociales emergentes. Paralelamente, las políticas públicas buscaron favorecer los crecientes emprendimientos de carácter asociativo que se venían gestando. De este modo, se multiplicaron los impulsos al cooperativismo, lo que a la postre incrementó la participación estatal en materia social. No obstante, las transformaciones aludidas incorporaron nuevas tensiones a la gestión de políticas públicas derivadas de las implicancias de la acción de promover el asociativismo desde el estado. A ello se sumaron otras, derivadas de la coexistencia de los enfoques cooperativistas y del capital social. Recientemente, la puesta en marcha de programas de reinserción tutelada en mercado de trabajo bajo formato cooperativo acentuó tales tensiones, interpelando directamente el carácter democrático tradicionalmente asociado a las prácticas cooperativas.
El objetivo del presente trabajo consiste en analizar las nuevas formas experimentadas por las políticas destinadas a la población pobre, ancladas en el fomento del asociativismo y el cooperativismo, a partir del examen de un conjunto de programas, teniendo en cuenta sus aspectos presupuestarios, normativos y prestacionales, con el objeto de establecer el alcance de las transformaciones en curso.