El lazo social de la ilegalidad en la industria farmacéutica

La producción de medicamentos ha recorrido, como la medicina, un proceso de progresiva mercantilización, lo que habilita que los medicamentos ocupen un lugar destacado en el tratamiento de las enfermedades. De este modo, la salud se convirtió en objeto de consumo, en producto que puede ser fabricado por laboratorios farmacéuticos, droguerías, empresas alimenticias, y consumido por otros, los enfermos posibles y reales.

El mercado de los medicamentos es uno de los que generan mayores ganancias independientemente de que  el acceso a los mismos sea limitado. En este sentido es interesante indagar acerca de las diversas estrategias que despliegan los laboratorios a fin de introducir sus medicamentos en la población. Las mismas son tanto legales como ilegales, no siendo éstas últimas penalizadas por el orden social ya que gozan de inmunidad social penal. En este sentido, el control social punitivo se ejerce de manera diferencial -reprimiendo, tolerando y encubriendo- sobre acciones ilegales y cumple así la función de mantener un orden social desigual.

A fin de dar cuenta de las estrategias desplegadas, es necesario abordar la relación existente entre los empresarios de esta industria y los funcionarios del Estado. Tal relación se constituye como  “lazo social de la ilegalidad”. De este modo, las partes involucradas obtendrán beneficios por medios adecuados a su finalidad, medios que pueden ser considerados legales o ilegales. Uno de los  frutos de estas relaciones es la progresiva “captura del Estado” por parte de empresarios que intentan que sus intereses privados integren las políticas públicas utilizando al lobby como estrategia fundamental. El mismo es considerado como un delito de “cuello blanco” que involucra actores sociales organizados que transitan desde la actividad privada a la actividad pública y viceversa.