Con los recientes intentos de recuperación del rol del Estado como regulador y proveedor directo, las nuevas empresas públicas deberán lidiar con el lastre de décadas de una gobernanza incompetente y de una crisis de gobernabilidad. La primera se manifiesta en relaciones entre actores que no logran sentar las bases para un trabajo colaborativo, la segunda en un sistema que, a nivel nacional, se muestra incapaz de responder a las demandas de la población por un servicio de calidad.
Es esta primera exploración empírica, mostramos las características del contexto de la transformación, los pasos tomados para construir las nuevas empresas públicas y satisfacer el derecho humano al agua de reciente constitucionalización. Identificamos algunas líneas de análisis para determinar si existen indicios de que estas empresas públicas den cuenta de un cambio cualitativo en la gestión del agua en el país. ¿Qué rupturas parecen estas buscando y logrando estas nuevas empresas con respecto al modelo de las décadas precedentes? Para empezar a responder estas preguntas, analizamos dos empresas públicas. ETAPA y EPAM, que sirven a las ciudades de Cuenca y Manta respectivamente.