Friday, August 3, 2012: 1:00 PM
Faculty of Economics, TBA
En Colombia, ha habido un largo período de cambio en la política pública y en el modelo de regulación de la problemática de derechos humanos, que empezó en el año 2003 como parte de un proceso de negociación de la política de cooperación internacional del Estado colombiano, conocido como el Proceso Londres - Cartagena. Mi argumento es que este cambio se puede definir como el paso de un modelo de regulación estructurado en términos de gobierno – oposición a un modelo de gobernanza política con coordinación intersectorial. En el primero, los sectores interesados de la sociedad civil colombiana tienen un rol de veeduría, denuncia y confrontación con el Estado colombiano. En el segundo, aunque la sociedad civil mantiene estos roles, incrementa su capacidad de incidencia política en la formulación de la política de derechos humanos al participar directamente en un esquema de negociación intersectorial con el gobierno colombiano y actores de la cooperación internacional. Este cambio se puede explicar al analizar explícitamente la forma como se generan y se usan recursos de capital político en este esquema de negociación.
Este es un caso particular del problema general de difusión del régimen internacional de derechos humanos en los contextos nacionales. En mi argumento, tomo como referente el conocido “modelo en espiral” propuesto por Thomas Risse, Steve Ropp y Kathryn Sikkink. El caso colombiano presenta varias características que permiten establecer un diálogo crítico y constructivo con este modelo. Lo principal es que permite analizar en qué medida los enfoques de gobernanza política constituyen una alternativa para abordar el problema de difusión, particularmente en la perspectiva de la participación de la sociedad civil y al analizar explícitamente el efecto de la introducción de recursos de capital político en este enfoque de regulación.