Friday, August 3, 2012: 10:45 AM
Faculty of Economics, TBA
El reconocimiento de que los jóvenes tienen derechos propios es un tema que se debate en ámbitos jurídicos, políticos y académicos, nacionales e internacionales. Ese debate baja en algidez cuando el reconocimiento se ubica en el campo de los derechos humanos fundamentales y de las garantías individuales, ya que no es posible negar que todos los poseemos por el solo hecho de ser seres humanos y que un número considerable de Cartas Magnas los garantizan. Pero crece la discusión cuando se afirma que los jóvenes son sujetos con derechos propios y eso implica reconocer su capacidad de acción para incidir en/ o ser constructores de los cambios sociales que les garanticen una vida digna y libre. En México, numerosos estudios de juristas, antropólogos, sociólogos y politólogos, así como el trabajo de denuncia de los defensores de los derechos humanos, han vuelto visible el hecho de que los jóvenes, particularmente los que viven en condiciones de pobreza y marginación, experimentan la violación cotidiana de sus derechos.
En el sur de Mérida, Yucatán, México, una zona caracterizada por la desigualdad social y la pobreza, numerosos jóvenes viven su condición juvenil en condiciones de exclusión social y discriminación; sobre ellos recaen múltiples percepciones negativas que los criminalizan. La expresión de sus identidades juveniles y prácticas culturales distintivas los lleva a experimentar una frecuente violación de sus derechos propios. Mediante un estudio de caso, indago las relaciones de poder que la autoridad (Estado/servidores públicos) establece con estos jóvenes cuando ejercen sus derechos propios, así como el significado que les atribuyen a tales derechos en el contexto de su vida cotidiana y los recursos de que disponen para garantizarlos.