Si nos referenciamos en los Objetivos del Milenio planteados por Naciones Unidas y de la Carta Cultural Iberoamericana, en los cuales se plantea el ejercicio de la cultura en tanto dimensión de la ciudadanía como elemento básico para la cohesión e inclusión social, al elevar la confianza y la autoestima tanto de los individuos como de sus grupos de pertenencia, encontraremos que estas propuestas no se plasman en las acciones políticas de las áreas públicas culturales.
A partir de la creación de la cuenta satélite de cultura se hizo foco en las industrias culturales (cine, televisión, teatro, editoriales, la web, etc.) y en los aspectos a ella vinculados. La relevancia de estos indicadores y la facilidad de su medición se constatan al analizar las cartografías y mapas culturales de algunos países de la región. Centrar las mediciones en este tipo de categorías implicó la invisibilización de otros aspectos vinculados a las diversas manifestaciones culturales que se desarrollan en un territorio que por definición es multicultural, heterogéneo y cambiante.
Por lo tanto, problematizar qué categorías e indicadores se han utilizado, los mecanismos que operaron para su selección y las metodologías implementadas en los catastros culturales constituyen una prioridad ya que permiten evidenciar decisiones políticas e ideológicas que involucrarán las concepciones sobre cultura de los actores implicados, como la dirigencia política y las organizaciones de la sociedad civil.