El proceso de reestructuración productiva y la flexibilización de la regulación del trabajo impactaran en la industria de la confección en Brasil. Tareas antes realizadas por los empleados en la fábrica, actualmente están en manos de una red de empresas que van desde multinacionales, empresas nacionales y pequeños talleres que funcionan a través de redes de barrio y familiares en una dinámica de subcontratación e informalidad. En esta cadena, la actividad de la costura representa 80% de la fuerza de trabajo empleada, que a su vez, se compone de mujeres e inmigrantes latinoamericanos sometidos a malas condiciones de trabajo. La formalización y / o mejora de las condiciones de trabajo y remuneración de los inmigrantes depende de varios factores. Lo más inmediato es la regularización migratoria, un proceso burocrático y costoso respecto a los salarios recibidos. Ante la ausencia de una política de migración inclusiva, los inmigrantes recurren a organizaciones no gubernamentales, marchas de protesta, y foros regionales para avanzar en sus reivindicaciones. La Amnistía migratoria de 2009 y el Acuerdo sobre el libre tránsito y residencia del Mercosur - nuevas vías para la regularización migratoria – son resultado de estas manifestaciones. Otro factor necesario para mejorar las condiciones de vida y de trabajo sería lo establecimiento de una política industrial eficaz que pueda revisar el proceso de tercerización e informalidad. Hasta ahora, la acción del Estado contra esta realidad de explotación laboral y violación de los derechos humanos es solo represiva. En este artículo se pretende analizar la actuación del gobierno brasileño ante esta dinámica de informalidad. Objetivase evaluar también cómo las restricciones legales impuestas a la actividad política de los inmigrantes en Brasil, en cuanto a su participación en las estructuras sindicales y partidarios en el país, influyen en este cuadro.