En el presente trabajo nos proponemos abordar las lógicas, estrategias y negociaciones que establece la Iglesia con el Estado para lograr imponer sus concepciones en el diseño y aplicación de políticas publicas, en especial la referida a la política educativa, y en este marco, a la educación sexual. Tomaremos como espacio de referencia, la Provincia de Mendoza.
Podemos constatar que a nivel del estado nacional se creó un programa denominado “educación sexual integral”, el cual presentó grandes dificultades para ser aplicado en Mendoza, justamente por la presión ejercida por grupos religiosos. Se observan al mismo tiempo tensiones y disputas en torno a su aplicación y a la definición de los contenidos sobre sexualidad que deben transmitirse en las escuelas. En este marco, nos ocuparemos de abordar la capacidad de trato que tienen diferentes actores con el Estado.
Se analizarán estas lógicas de negociación, a partir del análisis de las trayectorias políticas-religiosas de algunos funcionarios de la Dirección General de Escuelas. Dichos actores gozan de un espacio de poder que les permite otorgar un mayor o menor margen de acción a las comunidades educativas para que redefinan e implementen la política educativa. Así, los funcionarios cumplirían un rol de reguladores en la transmisión de los valores y principios religiosos a través de la política pública. Condensarían con sus posiciones políticas-ideológicas-religiosas, los avances y retroceso de un proceso complejo de secularización y laicización de la educación.