Máximo Sozzo
Universidad Nacional del Litoral
En este trabajo se aborda cómo se estructuró durante la primera etapa de la transición a la democracia en Argentina un modo de construcción de la política penal que mantuvo este campo más allá de la competencia entre los partidos políticos en el juego democrático y, por ende, aislado y protegido del involucramiento directo o indirecto del público. Este modo atribuía un lugar central a la voz de los expertos –académicos formados en el ámbito del derecho y operadores de la justicia penal-, en diálogo con los políticos –tanto del Poder Ejecutivo como Legislativo- y colocaba, en consecuencia, como su instrumento preferencial a la creación de la ley penal. Este modo de construcción de la política penal es caracterizado aquí como “elitista”.
Este artículo también pretende mostrar cómo durante el primer gobierno democrático, las iniciativas de política penal generadas de este modo tuvieron, en general, una orientación liberal. Se estudian aquí, a su vez, cuáles fueron las condiciones que hicieron posible esta inicial orientación liberal de la política penal y cómo es posible explicar la evolución de la punitividad observada a lo largo de este período.
Desde mediados de los años 1990s, en el marco de una creciente politización del problema del delito, se fue construyendo una tendencia hacia una elaboración “populista” de la política penal. La interpretación de este surgimiento del “populismo punitivo” y sus implicancias requiere una más acabada comprensión del momento precedente a partir del cual se diferencia y articula el presente. El presente trabajo puede resultar una contribución que tenga por objetivo reconstruir las formas y orientaciones de la política penal en los primeros momentos de la transición a la democracia en la región.