Catástrofe Climática y Sistema Penitenciario: La Actuación Del Poder Judicial y De La Administración Penitenciaria Frente a La Inundación En Río Grande Del Sur - Brasil

Las prisiones brasileñas constantemente presentan nuevos desafíos, considerando la superpoblación carcelaria y el dominio del entorno penitenciario por parte de facciones criminales. El propio Supremo Tribunal Federal (STF) ya ha reconocido el "Estado de Cosas Inconstitucional" en el sistema penitenciario brasileño, fijando un plazo de tres años para la implementación de un plan de acciones para superar la complejidad de la situación y desbloqueando los recursos del Fondo Penitenciario Nacional. En los últimos cuatro años, surgieron nuevos desafíos para la administración penitenciaria: en 2020, la pandemia de COVID-19; y en 2024, la inundación de gran magnitud que afectó al estado de Río Grande del Sur. Dos momentos distintos, pero con conexiones en sus efectos y emergencias. Este estudio busca comprender cuáles fueron las recomendaciones elaboradas por el Consejo Nacional de Justicia, con el fin de preservar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y, al mismo tiempo, garantizar el cumplimiento de las penas impuestas por el Poder Judicial. Para ello, se realizó un análisis cuantitativo de los datos penitenciarios y de las alternativas penales aplicadas a los reclusos con penas ejecutadas en el estado de Río Grande del Sur. Se concluye que, tanto en el contexto de la pandemia de COVID-19 como durante el período de la inundación, las recomendaciones dirigidas a preservar la integridad de las personas privadas de libertad fueron, en general, viabilizadas a través de la adopción de alternativas penales, específicamente la prisión domiciliaria, el monitoreo electrónico, así como la restricción del contacto de los presos con el entorno externo (en el caso de la pandemia) y la transferencia de los reclusos de lugares que quedaron sumergidos (en el caso de la inundación). El desarrollo posterior de la investigación buscará verificar los criterios adoptados para la no concesión de las medidas recomendadas en situaciones específicas.