Activismo judicial y reforma urbana en Brasil - Límites y posibilidades

El marco jurídico establecido en la Constitución Federal de 1988 y en el Estatuto de la Ciudad de 2001 para las políticas urbanas de las ciudades brasileñas es considerado uno de los más avanzados entre los países de Latinoamérica. El nuevo orden jurídico-urbanístico fue el resultado de décadas de lucha social.  En un contexto de redemocratización política, los movimientos urbanos en Brasil hicieron una apuesta estratégica en la promoción de cambios en las normas jurídico-institucionales que regulan la producción del espacio urbano. Entre los cambios más significativos, están la creación de instrumentos de gestión democrática, de inducción del desarrollo urbano y de regularización de los asentamientos informales, además del refuerzo de las competencias de los municipios. Al nivel local, con respecto a la actuación legislativa del estado, estudios demuestran que el nuevo marco jurídico ha conducido a la revisión de la legislación municipal y de los planes directores urbanos. Con respecto a la actuación administrativa, hay evidencias de que el nuevo orden jurídico-urbanístico ha repercutido en el contenido de las políticas habitacionales y en la operación de los mecanismos de gestión urbana. Sin embargo, con respecto a la actuación jurisdiccional, las consecuencias de los cambios son aún materia de controversia. Argumentos sugiriendo que el nuevo orden jurídico-urbanístico supuestamente no ha tenido mayores impactos en las decisiones del Poder Judicial contrastan, todavía, con dos fenómenos que han crecientemente marcado la actuación de los jueces brasileños desde los años 90. Primero, el fenómeno del incremento de las demandas sometidas a la resolución judicial, acompañado de presiones respecto a mejorías en la eficiencia del sistema de justicia. Segundo, el fenómeno del activismo judicial con respecto a los derechos sociales, sobretodo salud y educación, lo cual está relacionado con la elaboración de nuevas doctrinas sobre la eficacia jurídica de las normas constitucionales.