Se sostiene que si bien las redes clientelares permiten y garantizan el funcionamiento del Estado, ya que a través de ellas los programas sociales nacionales llegan hasta sus destinatarios; ponen en entredicho los principios universales de igualdad y de justicia en tanto que no todos los destinatarios poseen las mismas chances de acceder a los beneficios de los programas.
Con este argumento se discute sobre las limitaciones que presentan las propuestas de inclusión social incluidas en las orientaciones de políticas sociales del estado nacional y la posible superación de estas limitaciones por parte de otro programa social de corte universal (como la Asignación Universal por hijos) que se implementan simultáneamente con los programas anteriormente nombrados.
El trabajo se realizó a través de una metodología cualitativa que combinó observación participante y entrevistas en profundidad durante el 2010, en diversos ámbitos de implementación de los programas sociales nombrados, en un municipio de la Provincia de Buenos Aires.