la historia independiente de México, la Iglesia católica ha sido la única institución con el poder suficiente como para desafiar y enfrentarse al Estado, circunstancia que lo llevó a incluir en las constituciones de 1857 y de 1917 artículos que regulaban puntualmente las relaciones entre el Estado y las instituciones religiosas y sus clérigos.
Las prohibiciones establecidas no impidieron a la Iglesia católica ni conservar, hasta bien entrado el siglo XX, el monopolio religioso que ejercía desde el siglo XVI ni lograr un trato preferencial sobre las demás religiones por parte del mismo Estado laico que pretendió maniatarla.
A partir de 1992, con las reformas a los artículos constitucionales que limitaban las actividades de las iglesias en la vida pública del país, se evidenció, por una parte, que después de 75 años de un régimen oficialmente laico, la Iglesia católica no había depuesto sus tendencias centenarias hacia el predominio sobre los poderes civiles legalmente establecidos, y por la otra, que la secularización generalizada de la vida pública del país era más bien una ficción que se alimentó con el disimulo sexagenario que sostuvieron ambas autoridades.
De esta desigualdad territorial en el proceso de secularización Jalisco es un ejemplo claro, una de las entidades federativas que más se han distinguido por su apoyo mayoritario a las iniciativas católicas, incluidas las más violentas, pero donde también es posible palpar el surgimiento, en los años recientes, de una gran diversidad de ofertas religiosas con variado éxito, y de un bien nutrido contingente ciudadano que, sin renegar de sus convicciones religiosas, es capaz de resistirse con decisión tanto a conducir su vida de acuerdo con la moral católica, como a oponerse a iniciativas gubernamentales que atentan contra los derechos constitucionales y humanos.