Ativismo, democracia y seguridad jurídica

Desde que el Poder Judicial viene pronunciándose sobre cuestiones que no estaban dentro de su órbita regular de actuación, ha sido destacada la discusión acerca de la judicialización y del nuevo papel institucional de los jueces.

Lo que a principio se podría traducir en una expansión del acceso a la justicia y de la ciudadanía, ha venido señalando más allá de la legalidad cuando, por medio de estas nuevas demandas, el Poder Judicial propone soluciones que excedan sus competencias. En estos casos, se habla de activismo judicial.

Las situaciones en que los tribunales intervienen en el ámbito de competencia de otros poderes del Estado (como en la omisión de los reglamentos en el caso de la Legislatura y del Ejecutivo en materia de políticas públicas) son cada vez más comunes.

A pesar de que esta actitud puede ser bien recibida por las personas, ya que alivia la sensación de fragilidad ante los fallos del sistema gubernamental, debemos hacer un cuidadoso análisis de este cambio, la pesquisa de sus justificaciones, de la legitimidad, así como los mecanismos de control a fin de mantener los parámetros de seguridad jurídica.

Este problema ha sido particularmente trabajado tomando el caso de Brasil en cuanto  objeto de análisis específico (STF/derechos fundamentales), pero se percibe el mismo movimiento en muchos otros países, superando incluso las diferencias entre los sistemas de common law y de civil law.

Basado en el concepto de judicialización, el contexto en que surge este movimiento y los debates acerca de la legitimidad de las decisiones, tenemos la intención de estudiar las consecuencias del activismo, antes que todo tratando de entender por qué estas acciones del Poder Judicial, en principio autoritarias, son aceptables, y pensar en las consecuencias para la estructura democrática, especialmente para  países que hace poco vivieran experiencias dictatoriales.