Jurados populares y representación política

A partir de la sanción de la ley 9182 que instauro el juicio por jurados en la provincia de córdoba, se abrió la posibilidad de que personas sin formación jurídica específica tuvieran el poder de juzgar. Dicha ley exige que las personas elegidas para ejercer ese poder sean una “muestra justa y representativa de la población”.

El presente artículo efectúa una mirada crítica del modelo de representación presente en la ley.

Por otra parte, se discute hasta que punto este objetivo que fija la ley es compartido por los abogados, los jueces y ciudadanos comunes a partir de datos obtenidos de entrevistas y encuestas de opinión realizados en córdoba.

Asimismo se busca indagar cual es el modelo de ciudadano/decisor judicial que subyace en la opinión de los entrevistados y encuestados y a quienes estos consideran legitimados para juzgar.

Por último se indagara el origen de ese modelo de ciudadano en el discurso dominante de las elites intelectuales y políticas de finales del siglo XIX, que establecieron una dicotomía entre prácticas civilizadas y bárbaras que terminaron de modelar un tipo de sujeto cuyas características se han naturalizado con el paso del tiempo.