La sentencia estableció un Plan de Saneamiento para la cuenca que, aunque centrado en la cuestión ambiental, tiene incidencia en el derecho al hábitat de los pobladores de la zona. En particular, en el marco de este Plan se ha ordenado la relocalización y la urbanización de los asentamientos informales. Por lo tanto, el estudio del caso Matanza-Riachuelo permite analizar los efectos, tanto directos como indirectos, de la intervención judicial sobre las políticas urbanas.
¿Qué ocurre con la garantía del derecho al hábitat de los ciudadanos involucrados en casos centrados en el derecho ambiental? ¿Cómo abordan las instituciones implicadas las cuestiones relativas al acceso a la vivienda y al suelo urbano? ¿Qué incidencia tiene la intervención judicial en el diseño y la implementación de políticas urbanas? Este artículo analiza las interacciones entre la implementación del Plan de Saneamiento y la tutela del derecho al hábitat de los habitantes afectados. A través del estudio de la evolución de la causa, se establece cuál fue el tratamiento que los distintos organismos públicos (entre otros la Corte Suprema y los distintos órganos ejecutivos con incumbencia) dieron a la cuestión del hábitat y cuáles fueron los efectos que la implementación de la sentencia tuvo sobre el acceso a la vivienda de las poblaciones afectadas.