Uno de los casos más sonados en esta materia tiene que ver con una acción popular interpuesta por diversas organizaciones contra un numeroso grupo de entidades públicas del nivel nacional, regional y local para tomar acciones específicas de descontaminación del río Bogotá. En 2004 en un fallo sin precedentes en la historia judicial del país un Tribunal ordenó acciones y programas puntuales a diversos agentes públicos y privados relacionados con la problemática de contaminación del río.
La decisión fue objeto de amplia difusión en los medios y de álgidas discusiones en círculos académicos, judiciales y políticas. En todas éstas se planteaban cuestionamientos al denominado activismo judicial. Esta investigación se centrará en el estudio de este caso con el trasfondo de las discusiones sobre el alcance del papel de los jueces, de la posible interferencia entre los poderes públicos, de la efectividad real del fallo después de 7 años y en general de los límites y posibilidades de la actividad judicial como motor de acciones y políticas públicas en materias como el ordenamiento territorial y el medio ambiente.