Friday, August 3, 2012: 11:00 AM
Faculty of Economics, TBA
Oral Presentation
El Movimiento por los Derechos del Niño y del Adolescente siempre fue formado por la articulación de diferentes Foros que agregan actores distintos. La heterogeneidad ha sido considerada un problema y, a veces por el contrario, una riqueza, como un desafío de diálogo con las diferencias. Con las tendencias actuales en la contratación de las organizaciones sociales para la prestación de servicios públicos, estos Foros están incluyendo numerosas entidades que tienen contratos o convenios con el Estado, y los problemas de la institucionalización del Movimiento y de una actuación corporativa e cooptada por el Estado, son cada vez más señalados en la literatura y también por varios miembros del Movimiento. El municipio de São Paulo se caracteriza por una presencia intensa de las organizaciones sociales en la política de bienestar social, que incorporó en los últimos años la política para el adolescente infractor, a través de la municipalización de la política y las sanciones socioeducativas en un entorno abierto. De esta manera nuevos actores están participando del Movimiento por los Derechos del Niño y del Adolescente, especialmente en la cuestión de los adolescentes en conflicto con la ley. Este artículo presenta los resultados de un estudio que analiza los actores que conforman este movimiento, en dos de sus espacios significativos en São Paulo, el Foro Municipal de los Derechos del Niño y Adolescente (FMDCA) y el Foro Municipal de Servicios Sociales (FAS, siglas en portugués), analizando su relación con espacios de participación y control social sobre la política de derechos, en especial al Consejo y la Conferencia Municipal de los Derechos del Niño y del Adolescente. El estudio tuvo como objetivo captar la voz de esos actores sociales a cerca de la institucionalización y sobre los problemas de una posible acción corporativa y / o cooptada por los gobiernos como resultado de la relación de contratación entre ellos. Se buscó escucharlos sobre la pregunta: ¿es posible para las entidades contratadas el ejercicio crítico de control social sobre las políticas públicas?