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El IEA (Índice de Envejecimiento Activo), Su Aplicabilidad En América Latina y Su Valoración Conceptual Desde Los Ejecutores De Políticas Públicas. El Caso De Uruguay.
Su objetivo es proveer de información pertinente, actualizada y comparable entre países, a los ejecutores de políticas públicas, de cara al fortalecimiento de este grupo poblacional, en términos de identificar sus necesidades y potenciar sus capacidades de participación social, desarrollo personal y aporte a la comunidad.
Las particularidades de su diseño lo hacen compatible con su aplicación fuera de la Unión Europea, ampliando su margen de utilidad y fortaleciendo la discusión sobre las políticas de envejecimiento en todos los países que se encuentran en un estadio avanzado de su transición demográfica.
Trabaja sobre cuatro dimensiones: 1) empleo, 2) participación social, 3) independencia física, salud y calidad de vida, y 4) capacidad para el ejercicio de un envejecimiento activo.
Estas dimensiones se desagregan en indicadores específicos que contemplan otros aspectos como la perspectiva de género, el acceso a las TICs, los servicios de cuidado, etc.; permitiendo permite distintas combinaciones y ponderaciones de cada dimensión e indicador, lo que habilita a contemplar la idiosincrasia cultural de cada país.
Su versatilidad metodológica permite adaptar los indicadores previstos a las fuentes de datos disponibles, respetando las dimensiones conceptuales propuestas.
Para los ejecutores de políticas, la valoración del IEA estará relacionada con el grado de compromiso con la problemática del envejecimiento y las líneas orientativas en materia de política pública más actuales (Plan de Acción de Madrid-2002, Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores de la OEA-2015); y por lo tanto las necesidades que se definen desde los órganos de ejecución política constituyen un insumo para adaptar el IEA a la realidad específica de cada país.