Justicia Cívica y Juventudes: Una Relación Conflictiva

En el año 2019 fue reformada la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México (LCC-CDMX) y se planteó como objetivo el establecimiento de reglas mínimas de comportamiento cívico, con la finalidad de garantizar una convivencia sana y respetuosa. En la Ley mencionada se enfatiza la necesidad de preservar el orden público por medio de la participación ciudadana, es decir el ejercicio, respeto y cumplimiento de sus derechos y obligaciones. Un marco normativo con tales características genera preocupación respecto de la interacción entre policía y ciudadanía en el marco de la “preservación del orden” ya que sabemos por la literatura especializada que en tales circunstancias pueden presentarse abusos tales como: detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y prácticas discriminatorias hacia individuos e incluso comunidades (Zavaleta, Kessler, Alvarado y Zaverucha, 2016; Tyler y Cheryl, 2004). De tal manera que algunos aspectos señalados en la LCC-CDMX como la noción de orden público y convivencia sana, ameritan un abordaje sociológico orientado a dilucidar ¿quién o quiénes determinan aquello que será definido como orden público y convivencia sana? ¿Cómo se caracteriza dicho “orden”, es decir qué normas de comportamiento lo sostienen? ¿Cuáles son los mecanismos de inclusión para que las y los jóvenes opinen o negocien las normas impuestas o la definición de orden?