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Cada período histórico se construye según las pujas persistentes entre los diferentes actores sociales, éstas moldean contextos sociales, políticos y económicos particulares.
Simultáneamente, la gubernamentalidad adquiere las especificidades necesarias y suficientes para conducir las conductas dentro de los marcos que establece el orden social dominante.
En este sentido, con la apertura democrática Argentina desde diciembre de 1983, los diferentes gobiernos se abocaron a la tarea del control social sobre los díscolos por medio de la legalidad como estrategia de reafirmar la vocación democrática, de sostener la restauración institucional y de minimizar cualquier riesgo de desviación de los sujetos y de la protesta social.
Nos valemos de la noción de archivo como estrategia para el análisis de las Leyes Antiterroristas prescriptas por los Gobiernos post-dictatoriales. Entendida como el conjunto de discursos efectivamente pronunciados, que continua funcionando y que se transforma a través de la historia, esta herramienta permite establecer sus múltiples relaciones y hallar sus regularidades.
Trabajamos a partir del Decreto Nacional 83/89 firmado por el Dr. Raúl Alfonsín, luego del asalto al Regimiento de Infantería Mecanizado 3 "General Belgrano" con asiento en La Tablada por parte de militantes de Movimiento Todos Por La Patria en enero de 1989, continuando con el Decreto Nacional 327/89, atravesamos las distintas leyes que los sucesivos Gobiernos instauraron hasta llegar al proyecto de Ley del 13 octubre de 2011 firmado por el Dr. Julio Alak, Ministro de Justicia, y el Dr. Anibal Fernández, Jefe de Gabinete.
Haciendo uso de la legalidad institucional el orden social se prepara para contener las protestas sociales que genera este modelo económico cada vez más inequitativo -a pesar de los buenos discursos-.